Por: Juan Carlos Eguren (Vicepresidente del PPC)
Lunes 1 de Febrero del 2010
El reciente anuncio de Jaime Bayly, de convertirse en candidato presidencial en la lid electoral del 2011, aun cuando este no ha sido una sorpresa, es la formalización de un deseo que el periodista de variedades había venido anunciando reiteradamente en sus programas dominicales.
Por ello, ese anuncio no hubiera pasado de ser un hecho anecdótico más, uno de los exóticos lanzamientos al ruedo político a los que ya estamos acostumbrados en cada período electoral, si no fuera porque vino acompañado por un manifiesto denominado “Por las causas perdidas”, una suerte de programa de gobierno, sustancialmente dirigido a refundar (¿o refundir?) las bases del orden social peruano, cargado de propuestas osadas y francamente preocupantes, sobre todo por la pretensión de su autor de convertirlas en ejes del debate electoral próximo.
El orden social peruano tiene como finalidad la defensa de la persona humana, el respeto de su dignidad y la defensa y promoción de la familia, como célula básica de la organización social; ellos constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado.
Por ello, en una sociedad como la nuestra, donde el avance económico aún no tiene su correlato en el progreso social, resulta válido preguntarse si las propuestas de Bayly —que dicho sea de paso hace tiempo circulan en nuestro medio y que él ha tenido la iniciativa de compilar a modo de programa orgánico— contribuirían o no al desarrollo de la persona y del medio familiar como centro de la formación de buenos ciudadanos.
Imaginemos el impacto de algunas de sus propuestas más audaces en la educación de las “nuevas personas” bajo el modelo Bayly, quien, asimismo, ha indicado que su preocupación mayor, la que le quita el sueño, es realizar una reforma educativa igualitaria. Sería posible formar un nuevo ser humano en un ambiente que fomente o sea permisivo respecto a una libertad sexual entendida como la posibilidad de prácticas sexuales prematuras o desordenadas y la eliminación de sus consecuencias, un nuevo ser, a través del aborto. Que se promueva el matrimonio homosexual, antinatural y destructor de la familia; o seamos simples espectadores de la comercialización de drogas y que nuestros hijos se vean expuestos a la tentación de su consumo, o un ambiente familiar regido por unos padres incapaces de poder conducir una familia por estar ganados por las drogas.
Consideramos que, realmente, la libertad siendo un derecho fundamental de la persona y su respeto un principio fundamental de la organización social, no debe ser confundida con el libertinaje, es decir, con su ejercicio más allá de todo límite que signifique respetar la dignidad de la persona humana que, como hemos señalado, debe ser defendida y promovida por el Estado, en su papel de garante del bien común. De otro lado, consideramos que todo aquel que aspire a conducir los destinos del país debe ser mesurado al hablar de la institucionalidad que sustenta la vida en común en nuestra sociedad, y no caer en actitudes iconoclastas que por simplistas aparecen como soluciones prodigiosas, como son las propuestas para la reforma del Parlamento y las nuevas relaciones con la Iglesia Católica, incluso la que apunta a la eliminación de las Fuerzas Armadas.
No se puede por prejuicio ideológico o por ligereza de juicio señalar que hay que reducir el Parlamento, con lo cual se está planteando disimuladamente una concepción autocrática del Gobierno que es, dentro de los planteamientos expuestos por Bayly, una contradicción con su proclamado liberalismo y una incoherencia programática.
Ahora bien, toda sociedad existe y se sostiene no por el voluntarismo de sus gobernantes —que son aves de paso—, sino por la fortaleza de sus instituciones y sus tradiciones, por el patrimonio cultural común; aquellos elementos que han contribuido a su fortalecimiento y estabilidad de la vida en comunidad. Consideramos que la Iglesia Católica tiene esa condición, por lo cual, incluso en nuestra Constitución, se le reconoce como factor importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú.
Respecto a la posición de Bayly sobre las Fuerzas Armadas, sería bueno recordar que si bien es cierto que gastar en estas resulta aparentemente innecesario porque no hay guerra a la vista, lo mismo sucede con los seguros de vida o de accidentes. Mientras los pagamos y no los usamos, nos parecen un gasto inútil. Sin embargo, llegado el momento de usarlos nos permiten atender necesidades apremiantes. Por ello, es preferible tener el seguro y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo, sobre todo ahora que existe una clara controversia limítrofe con nuestro vecino del sur, que se está ventilando en La Haya.
Finalmente, respecto al indulto a Fujimori, a quien Bayly quiere liberar por “las cosas buenas que ha hecho”, debemos decir que una vez más su voluntarismo liberal choca con el orden y la estabilidad de las instituciones.
Es cierto que el señor Fujimori tuvo aciertos en su gobierno, pero también es cierto que delinquió. Por ello, el aparato de justicia nacional lo ha condenado a pagar sus culpas en prisión. Liberarlo con base en un referéndum sería intervenir groseramente en el funcionamiento del Poder Judicial, dar la señal de que la política lo puede resolver todo y que las leyes se pueden quebrantar si tienes una mayoría que te absuelva. Sería volver al peligroso sistema de justicia de Pilatos: que el pueblo haga justicia no importa cómo. En otras palabras, la provocadora propuesta de Bayly conlleva un desprecio hacia las instituciones y los elementales principios de organización social y política democrática. Total, si todo —lo bueno o lo malo— se puede arreglar con el dejar hacer, dejar pasar, o con consultas populares, resultan inútiles el Poder Judicial, el Parlamento, la familia o los valores sociales y culturales, si ellos solo sirven para limitar la libertad de las personas. La utopía de Bayly es provocadora y mueve a reflexión, pero, como podemos apreciar, su aplicación más que mejorar nuestra organización social podría hacer que se perdiera.
